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    Llegó la hora de comenzar a cumplir con el calendario escolar

    La pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos de la Argentina y del mundo, que involucraron el cierre de escuelas y universidades, pusieron en agenda como nunca el debate sobre la educación. En particular, este fenómeno se acentuó especialmente en nuestro país: la población que no solía mencionar en las encuestas a la educación entre los 10 temas que más preocupaban, comenzó a ponderar con más énfasis la necesidad de buscar soluciones de mediano y largo plazo en materia educativa.

    Con indicadores estructurales que muestran casi la mitad de los habitantes en situación de pobreza y con cada vez más asalariados pobres, la sociedad percibe con mayor claridad la relación directa entre la decadencia en materia de educación y la creciente pobreza.

    En la situación crítica en la que nos encontramos, es indispensable comprender que tenemos que mejorar la educación para poder crecer económicamente de manera sostenida y garantizar así mejores condiciones de vida para el grueso de la población. Para ello, se requiere un plan acerca de cómo lograr mejorar los resultados de la educación.

    La educación debe ser vista como un contrato social para establecer acuerdos generales a largo plazo que permitan transformaciones profundas. Desde esta perspectiva, debemos encontrar bases para generar un acuerdo. Un buen punto de partida consiste en definir la educación como servicio esencial. En estos días llegará al Congreso un proyecto de ley elaborado por el diputado nacional Alejandro Finocchiaro en este sentido. Sin entrar a debatir el proyecto en sí, que el Congreso tenga la oportunidad de debatir una propuesta sobre esta temática es algo positivo y auspicioso.

    Los servicios esenciales son aquellos que el Estado debe garantizar. Para ello, se pondera la importancia del daño probable que genera su interrupción en la población. Los clásicos son la salud y la seguridad, mientras que respecto a la educación no hay aún un consenso generalizado. Los sindicatos docentes rechazan la posibilidad de categorizar a la educación como esencial, argumentando que la Argentina adhirió con rango constitucional a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que la educación no debe considerarse servicio esencial ya que su interrupción no pone en peligro la vida de la población de manera flagrante. Sin embargo, también tiene estatus constitucional la adhesión de la Argentina a la Convención de los Derechos del Niño en la que se establece la protección del derecho de la educación, y es sabido que, cuando existen conflictos entre derechos de rango similar, es la Justicia de cada país la que debe establecer qué derecho tiene prioridad. Sabido eso, ¿dónde estamos parados?

    En la Argentina, las estadísticas demuestran que, por un lado, la pobreza es mucho más alta entre niños y adolescentes y, por otro, que los estratos más bajos son los que menos nivel educativo alcanzan. Según datos del Banco Mundial de 2020, el 62% del 40% de la población argentina de ingresos más bajos tiene entre 0 y 14 años. Y, en términos de niveles educativos, el 40% con ingresos más bajos es el que menos educación primaria, secundaria y terciaria tiene: el 40% alcanza educación primaria, el 42% tiene educación secundaria y sólo el 16% de los estratos más bajos alcanza la educación terciaria. Como contraparte, los mejores ingresos los ostentan quienes mejor formación educativa han alcanzado. Del informe “Retornos de la educación: ¿Vale la pena estudiar?” del Observatorio de Argentinos por la Educación surge que, por cada año adicional de educación, el salario se incrementa alrededor de un 10%, es decir, la educación tiene “retornos positivos” ya que alcanzar un mayor nivel educativo permite obtener mayores ingresos.

    Por su parte, hay claras evidencias de relación entre el incumplimiento de los contratos educativos a partir de los múltiples conflictos gremiales y los problemas de aprendizaje de los alumnos. Antes de la pandemia, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluía que las escuelas primarias estatales argentinas están entre las que menos días de clases tienen respecto a los miembros de dicha institución.

    También antes de la pandemia, las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) mostraba que la Argentina se ubicaba en el puesto 63 de entre 77 sistemas educativos participantes. En 2019, nuestro país obtuvo el peor resultado de su historia en una prueba educativa realizada por la Unesco (el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ERCE).

    Ya en pandemia, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, la Argentina ocupó el puesto 44 a nivel mundial con mayor tiempo de cierre total de sus escuelas sobre 156 países (sumando 5 meses y 2 semanas, es decir, 22 semanas en total de cierre) y el puesto 15 a nivel mundial analizando cierres totales más cierres parciales de las escuelas también sobre 156 países (con un total de 11 meses y 2 semanas, es decir, 46 semanas de cierre).

    Entonces, si sabemos que la pobreza está directamente vinculada a los problemas en la educación y también sabemos que nuestro país tiene desde hace décadas cada vez menos días de clase y que con la pandemia y las medidas de aislamiento el cuadro empeoró notablemente ¿no es hora de asumir que la educación es esencial, al igual que lo contemplan en Portugal, Alemania, Ecuador y algunas provincias y estados de Canadá y Estados Unidos?

    De hecho, la gesta de Sarmiento desde 1868 en adelante demostró la relación causal directa entre educación y el inmenso aumento de la riqueza nacional e individual.

    Al Congreso está llegando un proyecto para debatir este tema medular.

    Ojalá como sociedad estemos conscientes de la importancia de que declarar la educación como servicio esencial es un buen punto de partida para comenzar a acordar todas las medidas de remediación que son necesarias para acabar con la decadencia. Más precisamente, acordar en la importancia del cumplimiento del contrato educativo, comenzando con algo tan básico como garantizar que los chicos tengan los días de clase que se establecen en el calendario escolar. La educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos y todos debemos trabajar activamente al respecto. El objetivo debe comprometernos a trabajar todos activamente en ese logro. Procurar la forma de que ese objetivo se plasme concretamente en la realidad y deje de ser una quimera es nuestro máximo deber. No se trata de nuestro futuro: se trata del futuro de nuestros hijos y nietos.

     

    Héctor Masoero, Presidente de Fundación UADE y Vicepresidente Primero de la Academia Nacional de Educación